El fabricante de vehículos francés PSA Peugeot Citroën acaba de ser declarado inocente por el Supremo ante las acusaciones sobre deducciones fiscales fraudulentas. Esta resolución exime, por tanto, al grupo automovilístico del pago de más de 200 millones de euros a la Agencia Tributaria. Al parecer, se le acusaba de beneficiarse de dichas deducciones en España, ya que éstas procedían de diversas inversiones en empresas filiales en Argentina.
Estas discrepancias, que comenzaron en 2010 y que para afrontarlas PSA tuvo que presentar su planta de Villaverde como garantía hipotecaria, surgieron a raíz de un acta de 157 millones de euros por Impuesto de Sociedades entre los años 2001 y 2005 -a los que habría que sumar 30 millones de sanción y otros 30 más de intereses de demora-, según Expansión. Y es que se puso en duda el deterioro de la cartera de títulos que PSA llevó a cabo en Peugeot Citroën Argentina, empresa con la que se hizo en 2001, y por desinversiones que hizo a posteriori.
Y es que en 2001 el 99,6% del capital social de Peugeot Citroën Argentina fue transferido a Citroën Hispania, realizando PSA provisiones en concepto de depreciación de existencias. Además, se dedujo gastos por comisiones en referencia a una tercera compañía -que ejerció de intermediaria en el pago a los proveedores-, la provisión por depreciación de acciones de Peugeot Citroën Argentina y la depreciación de acciones de esta empresa en referencia a las ampliaciones de capital.
Después de dos recursos infructuosos -al Tribunal Económico Administrativo Central en 2011 y a la Audiencia Nacional en 2015-, finalmente ha salido ganadora en esta disputa con Hacienda. El encargado de la resolución, el Tribunal Supremo, ha dictaminado que la valoración de los hechos llevada a cabo por la Agencia Tributaria no ha sido fiel a los criterios previstos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para la valoración de operaciones vinculadas.
