España comunicará a Europa su voluntad de crear un plan para cobrar peajes en autopistas y autovías

A pesar de que el rumor lleva tiempo sonando en los medios, es la primera vez que un documento oficial recoge la voluntad del Gobierno de desarrollar un sistema de pago por el uso de las vías interurbanas de alta capacidad. El principal objetivo de esta medida es »cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras».

Por el momento, no se han revelado más detalles sobre los planes que el ejecutivo llevará ante la Comisión Europea. Lo que sí es cierto es que, tal y como manifestó la Asociación Española de la Carretera (AEC) el pasado año, la infraestructura de nuestro país tiene un déficit acumulado de inversión que se acerca a los 7,5 millones de euros. Esta delicada situación podría llegar a agravarse aún más en el caso de que el plan de liberalización de autopistas de peaje, iniciado por el Gobierno hace un par de años, siga su curso.

Recordemos que, en diciembre de 2018 se suprimieron los peajes de la AP-1, la AP-4 y el tramos de la AP-7 que entre transcurre entre las regiones Alicante y Tarragona. Una vez pasado el verano, en septiembre de 2021, el tramo de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell y la AP-7 entre Tarragona y La Junquera, seguirá el mismo camino. Todo ello supone un ahorro de 500 millones de euros para los usuarios que circulan de manera habitual por estas vías, lo que a su vez se traduce en una reducción de ingresos para las arcas del Estado.

Por su parte, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), prevé que la anulación de todos estos peajes supondrá a partir de 2022 un aumento permanente del déficit público anual de 478 millones. Así las cosas, el número de kilómetros de carreteras sujetas a peaje de la red española pasará en solo tres años de 3.305 km a menos de 2.000 km, con lo que el peso de las vías de pago se habrá reducido del 18% al 11,5%.

A finales de 2020, José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya puso sobre la mesa el debate ante un posible peaje por el uso de las carreteras y autovías de la red del Estado apuntando directamente al sector del transporte. »A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a otros a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras», señaló Abalos.

Si comparamos la situación de España con la de algunos otros socios de la Unión Europea, el porcentaje de carreteras de alta capacidad gratuitas es de 73,5%, frente al 86% de Italia, el 79% de Francia o el 38% de Irlanda. Además, otros 23 países mantienen tarifas sobre el 100% de su infraestructura.