La problemática de las autopistas de peaje en España sigue creando más de un quebradero de cabeza al Gobierno de España. Los mismos que hace años decidieron construir un sinfín de carreteras de pago en territorio nacional, ahora tienen que ver cómo terminan con una deuda que sigue creciendo y de la que parece que finalmente se hará cargo el Estado.
Del total de 21 autopistas de peaje que hay en España, ocho se encuentran en estado de quiebra financiera, así que ante la práctica imposibilidad de renegociar la deuda de 3.400 millones de euros asumida con los acreedores financieros, el Estado ha tenido que intervenir para hacerse cargo de la situación y tratar de evitar la liquidación. Por ello, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha confirmado que el Estado, llegue o no a un acuerdo con los bancos, se hará cargo de la deuda de estas carreteras que tantos gastos públicos siguen causando. El rescate total de estas ocho autopistas de peaje puede alcanzar los 5.500 millones de euros, según cifras de Seopan, la patronal de las grandes constructoras.
El Gobierno ha negociado en los últimos años para que no se llegara a esta situación, pero al final no ha quedado más remedio que la nacionalización. Dos de estas autopistas de peaje, las radiales R-3 y R-5, ya se encontraban en situación de liquidación, lo que hubiera supuesto su cierre y la pérdida de los puestos de trabajo.
A partir de ahora el Estado tendrá que pensar qué va a hacer con esas vías más allá de pagar la deuda actual. De una parte podrían limitarse a echar el cierre a estas carreteras y vender todos los activos que pudieran para reembolsarse parte del rescate, o bien mantenerlas en funcionamiento pese a su carácter netamente deficitario. Otra de las opciones, aunque poco probable, puede ser continuar con su explotación, eliminar los peajes y convertirlas en autovías convencionales o cerrarlas definitivamente.
La situación concursal que atraviesan estas autopistas está pendiente de la decisión de los jueces, que deberán determinar la liquidación de estas concesiones y el plazo para ello. Fomento ya había solicitado a los administradores concursales y a los jueces una prórroga de 9 meses, hasta julio de 2017, para asumir la gestión de las autopistas de peaje en concurso de acreedores a fin de llevar a cabo el proceso de una forma ordenada.
