Tal y como anunció el pasado mes de abril en su web el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Estado ha aprobado seis contratos, con un presupuesto de casi 120 millones de euros, para la conservación y explotación de sectores de la Red de Carreteras del Estado en Cataluña que volverán a ser gestionados por la Administración.
En concreto, el fin de las concesiones afecta a diferentes tramos que a partir de la semana que viene estarán libres de peajes. El contrato acuerda la cesión de 215 kilómetros de la AP-2 entre Alfajarín (Zaragoza) y El Vendrell (Tarragona). También quedarán gratuitos los 245 kilómetros de la AP-7 entre La Jonquera (Girona) y Salou (Tarragona). Y el tramo de la AP-7 entre Montmeló y el Papiol, actualmente libre de peaje, también pasará a ser titularidad del Estado. Durante los últimos 40 años, estos peajes habían sido gestionados por la empresa Abertis.

Además, también quedarán libres de pago otras dos autopistas pendientes de la Generalitat de Cataluña: la C-32, a su paso entre Barcelona y Lloret de Mar (75 km) y la C-33, en el tramo que une Barcelona y Montmeló (18 km). En cambio, sí continuarán los peajes en el tramo sur de la C-32, entre Castelldefels – El Vendrell y en la C-16, en el tramo de los túneles del Cadí, los túneles de Vallvidrera y el tramo entre Sant Cugat y Manresa pasando por Terrassa.
Recordemos que este proceso de liberalización de las autopistas de peaje comenzó en 2018 con el fin del pago en los tramos de la AP-1 (entre Burgos y Armiñón) y, posteriormente, el 1 de enero de 2020 finalizaron las concesiones de la AP-7 (entre Alicante y Tarragona), y la AP-4 (entre Sevilla y Cádiz).
Pero hay nuevos peajes a la vista
Mientras se van liberalizando estos tramos de autopistas, a medida que finalizan las concesiones, el gobierno sigue adelante con el plan de establecer peajes en las carreteras y ya se comprometío antes del verano con Bruselas para tener listo este sistema antes del 30 de junio del próximo año 2022 y comenzar a aplicar los peajes para 2024, por lo que en un primer momento tendremos que pagar por usar las autovías españolas.
Así aparece en el informe de la Comisión Europea sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, en el que se trata el sistema de peajes en las carreteras. Como apunta el documento, habrá “nuevos impuestos o pagos relacionados con la movilidad”. En este sentido, el Ejecutivo sacará la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, en la que se incluye “la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que entrará en vigor a partir de 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga”.
