Esta Ley de Movilidad Sostenible tiene como objetivo, según ha señalado la ministra de Raquel Sánchez, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el transporte y que representan el 27% del total de las mismas en nuestro país.
Asimismo, Sánchez ha recalcado que «esta ley es necesaria porque la movilidad representa uno de los sectores económicos mas importantes del país, con mas de 800.000 empleados, más del 4,5% del PIB y el 13% del gasto total de los hogares, con más de 5.000 millones de viajes realizados en transporte colectivo cada año”.
Pero, ¿cuáles son los principales puntos de esta Ley de Movilidad Sostenible?
El proyecto de esta Ley de Movilidad Sostenible, cuyo texto final (puedes consultarlo aquí) se ha redactado teniendo en cuenta las 203 alegaciones presentadas durante el trámite audiencia e información pública de la misma; establece la movilidad como un ‘derecho social’, reconociendo esta como un derecho de toda la ciudadanía, que deberá ser ‘accesible e inclusiva’.
Pero este propósito se traduce en cuestiones concretas. A falta de conocer el texto definitivo que podría aprobarse, presuntamente a lo largo de 2023, el aprobado por el Consejo de Ministros hace hincapié en la descarbonización del transporte citando, por ejemplo, que la Agencia Europea de Medio Ambiente estima en más de 25.000 las muertes prematuras que se producen cada año en nuestro país por la mala calidad del aire. Por ello, los puntos clave de esta posible futura Ley ahondan en este aspecto.
Los ayuntamientos podrán establecer peajes para el acceso al interior las Zonas de Bajas Emisiones de los municipios
La medida más polémica de esta Ley de Movilidad Sostenible entronca directamente con el establecimiento obligatorio de zonas de bajas emisiones (ZBE) para los 149 municipios que se regulan en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Y es que el próximo texto abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer o no una tasa por la circulación de vehículos en sus citadas ZBE. Eso sí, siempre para aquellos vehículos “que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones”, según recoge el anteproyecto de ley. En general, y en función de la normativa de cada municipio, deberían ser los vehículos con etiquetas B y C.
Aunque por ahora ningún municipio ha anunciado su intención de establecer estas tasas, diferentes asociaciones ecologistas locales ya habían solicitado su implantación en Barcelona (con una tarifa de 4 euros/día) y Valencia.
Las grandes empresas deberán contar con planes de movilidad para sus trabajadores
Una medida innovadora de este texto de Ley de Movilidad Sostenible es que introduce la obligación de que las empresas con más de 500 trabajadores por centro, o 250 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible para que sus trabajadores acudan a los centros de trabajo. Esta obligación se incorporará mediante una modificación en el Estatuto de los Trabajadores y dará a las compañías afectadas un plazo de un año y medio para establecer estos planes
Para cumplir con esta movilidad sostenible, las compañías afectadas podrán optar por distintas alternativas, entre ellas potenciar la movilidad compartida o eléctrica de sus empleados, apostar por el transporte colectivo para los mismos o, en última instancia, flexibilizar los horarios de entrada y salida en el empleo presencial, así como incrementar el teletrabajo.
Por último, las empresas del sector del transporte “deberán calcular su huella de carbono y comunicarla a los usuarios finales”, pero también ”impulsar sistemas de gestión ambiental y de la energía”, indican desde el Ministerio.
Mejoría en la coordinación del trasporte público
El texto de Ley prevé mejorar la cooperación entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos con el fin de planificar un transporte más sostenible.
Para ello, se creará el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, un foro y un sistema de datos relativos a la movilidad que permitirá la coordinación entre administraciones. Desde el Ministerio facilitan un posible ejemplo, que “la mejora en la coordinación entre administraciones permitirá que un autobús de titularidad estatal se llegue a su destino en un horario que permita al usuario realizar un trasbordo a otro de titularidad autonómica y continuar su viaje de la forma más ágil y rápida posible”.
Además, este texto apremia a “reordenar el transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal con un nuevo mapa concesional”, en e que ya se está trabajando con las distintas CC.AA. El objetivo es que “el autobús pueda atender a más personas, con mejores precios, servicios y tiempos de viaje más competitivos”.
Más seguridad y sostenibilidad en las rutas escolares
El texto presentado al Congreso también incluye la iniciativa para “habilitar caminos y entornos escolares seguros, saludables y sostenibles”, que permitan a niños y niñas ir al colegio “de forma activa y autónoma”.
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