Mercedes-Benz se encuentra ante una situación inesperada en Estados Unidos. Según medios franceses, la marca alemana podría verse obligada a abandonar uno de sus principales mercados si sale adelante un proyecto de ley que se debate actualmente en el Senado estadounidense. La iniciativa pretende restringir la comercialización de vehículos equipados con servicios conectados cuando el fabricante esté participado en más de un 15 % por entidades chinas.
La propuesta, impulsada por senadores de Michigan y Ohio, forma parte de la estrategia de Estados Unidos para limitar la presencia de capital y tecnología china en sectores considerados estratégicos. El problema para Mercedes es que, aunque se trata de un fabricante alemán, su estructura accionarial incluye una importante participación de origen chino.
El capital chino que pone a Mercedes en el punto de mira
La situación se explica por los movimientos accionariales registrados en los últimos años. Desde 2019, el grupo estatal chino BAIC posee el 9,98 % del capital de Daimler, compañía matriz de Mercedes-Benz. Además, un año antes, Li Shufu, propietario del gigante chino Geely, adquirió aproximadamente otro 9,7 % de las acciones del grupo alemán.

En conjunto, estas participaciones suponen cerca de un 20 % del capital en manos de inversores chinos, por encima del límite del 15 % que contempla el proyecto de ley estadounidense. Si la normativa se aprobara sin modificaciones, Mercedes podría encontrarse con importantes restricciones para continuar comercializando sus vehículos conectados en Estados Unidos.
La situación preocupa especialmente a la compañía debido a la importancia estratégica del mercado estadounidense. Mercedes lleva décadas operando en el país y mantiene allí una importante estructura industrial y comercial. De hecho, la compañía tiene previsto invertir 7.000 millones de dólares en Estados Unidos hasta 2030, incluyendo unos 4.000 millones destinados a su fábrica de Alabama, donde está previsto producir el nuevo GLC.
Mercedes pide elevar el límite del 15 % al 25 %
Ante este escenario, Mercedes estaría presionando para modificar el proyecto de ley y elevar el límite de participación china permitido del 15 % al 25 %. De esta forma, la compañía podría continuar desarrollando su actividad en Estados Unidos sin verse obligada a modificar su estructura accionarial. El fabricante alemán considera que este porcentaje estaría además en línea con los límites aplicados en otros ámbitos relacionados con la tecnología, como los proveedores de componentes conectados o los desarrolladores de software.
Mercedes no sería la única marca europea afectada por una normativa de este tipo. Volvo, que también cuenta con participación de Geely, podría encontrarse en una situación similar. Mientras tanto, su filial Polestar ya ha anunciado su retirada del mercado estadounidense.

La situación ha provocado críticas desde algunos sectores políticos de Estados Unidos. La comisión especial de la Cámara de Representantes sobre China ha acusado a Mercedes de ejercer presión sobre el Senado para modificar el proyecto. Desde el sector republicano también se han mostrado especialmente críticos con la influencia del capital chino en empresas que operan en el país.
Miles de empleos están en juego
Más allá de la propia actividad comercial de Mercedes, el debate también tiene importantes implicaciones económicas. La compañía cuenta actualmente con 10.000 empleados en sus fábricas estadounidenses, de los cuales unos 7.500 trabajan directamente en labores de ensamblaje.
Según las estimaciones de la marca, su actividad industrial permite sostener alrededor de 107.000 puestos de trabajo entre proveedores y empresas colaboradoras locales. A ello hay que sumar la red comercial, formada por 386 concesionarios que emplean a unas 27.000 personas. Cada año, Mercedes comercializa cerca de 350.000 vehículos en Estados Unidos, por lo que perder el acceso a este mercado supondría un duro golpe para la compañía.
El proyecto de ley podría experimentar cambios durante los próximos días. Mientras el Senado estudia su propuesta, la Cámara de Representantes prepara una alternativa que incluiría una diferencia importante: los fabricantes afectados que ya operan en Estados Unidos tendrían hasta 2030 para adaptarse a la normativa, evitando así una prohibición inmediata de sus vehículos.
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