Estados Unidos saca la guadaña contra China y Mercedes se convierte en su víctima inesperada

En su afán por blindar las carreteras americanas frente a la influencia de Pekín, la diplomacia económica de Washington ha terminado provocando un incendio en la propia cúpula de uno de sus aliados históricos. Un proyecto de ley bipartidista del Senado estadounidense, impulsado desde los estados industriales de Michigan y Ohio, pretende prohibir la venta de vehículos que utilicen servicios conectados si la marca fabricante cuenta con más de un 15 % de su capital en manos de entidades chinas.

La norma nació concebida como un escudo proteccionista frente al desembarco de las marcas asiáticas. Sin embargo, en un mercado globalizado donde el capital no entiende de fronteras, el texto ha terminado por señalar a un icono del automóvil occidental como es Mercedes-Benz.

El gigante alemán atrapado en una trampa accionarial

Geely Galaxia  TT

La paradoja para la firma de la estrella no reside en el origen de su tecnología ni en la ubicación de sus fábricas, sino en la composición de su libro de accionistas. Desde el año 2018, el magnate Li Shufu, propietario del grupo Geely, controla un 9,7 % de las acciones del grupo alemán. A esta participación se suma el 9,98 % en manos del grupo estatal chino BAIC, presente en la compañía desde 2019.

Con casi un 20 % de su capital social vinculado a firmas de la potencia asiática, Mercedes supera ampliamente el umbral del 15 % fijado por los senadores estadounidenses. La consecuencia directa, si el texto se aprueba en sus términos actuales, sería la prohibición drástica de comercializar sus modelos conectados en Estados Unidos, forzando a la marca a reestructurar su accionariado o a perder uno de sus principales motores financieros a nivel mundial.

La economía real contra el choque geopolítico

Para evitar este escenario, la cúpula de Mercedes ha iniciado una intensa labor de mediación institucional en el Senado norteamericano. La propuesta del fabricante no pasa por cuestionar el espíritu de la ley, sino por ajustar la letra pequeña, elevando el límite máximo de participación extranjera del 15 % al 25 %, situándolo en consonancia con los umbrales que ya se aplican a los proveedores de software y componentes en ese mismo mercado.

La ofensiva parlamentaria ha desatado duras críticas entre los sectores republicanos más duros, que acusan a la firma germana de interferir en las decisiones de seguridad nacional. No obstante, el fabricante alega el peso de su impacto industrial en suelo estadounidense para frenar la iniciativa. Con presencia en el país desde 1888, Mercedes emplea a 10.000 trabajadores directos en sus plantas norteamericanas, de los cuales 7.500 operan en el centro de ensamblaje de Tuscaloosa, en Alabama, y calcula que su actividad sostiene más de 100.000 empleos indirectos en la cadena de suministros local.

A este músculo laboral se suma un plan de inversiones de 7.000 millones de dólares comprometido hasta 2030, que incluye 4.000 millones destinados a la producción del nuevo GLC en territorio estadounidense. Para la red comercial, formada por 386 concesionarios y 27.000 empleados que distribuyen unos 350.000 vehículos al año, la incertidumbre regulatoria supone un riesgo operativo sin precedentes.

El plazo hasta 2030: la vía de escape que estudia la Cámara

Frente al tono inflexible del Senado, la Cámara de Representantes baraja una alternativa que daría aire a la industria europea. La propuesta mantendría las restricciones sobre la tecnología y el capital, pero otorgaría una moratoria hasta el año 2030 para que los fabricantes ya asentados e invertidos en Estados Unidos puedan adaptar su estructura societaria o tecnológica sin sufrir un bloqueo inmediato.

El desenlace de esta batalla legislativa marcará el futuro de la automoción en Norteamérica, demostrando que en el actual mapa geopolítico, las medidas diseñadas para frenar a China pueden terminar golpeando en el corazón de la propia industria occidental.