Según el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobado en el Consejo de Ministros del 19 de mayo, sólo se podrán vender coches y vehículos comerciales con cero emisiones a partir de 2040. Esta medida implica que todos los automóviles nuevos a partir de ese año no podrán llevar motor de combustión, es decir, con propulsores gasolina, diésel o híbridos convencionales.
Sin embargo, esto no implica que los que se hayan vendido hasta ese año 2040 no puedan seguir circulando libremente por nuestro territorio… al menos hasta 2050, cuando se pretende alcanzar la neutralidad de emisiones. Esto es así porque el texto del proyecto de Ley (todavía tiene que pasar los trámites parlamentarios para su aprobación definitiva) recoge, entre otros objetivos, contar con un parque de turismos y vehículos comerciales libre de emisiones de dióxido de carbono en 2050.
Para ese momento, se pretende que el 100% de la electricidad generada sea de origen renovable, así como tener en circulación 5 millones de vehículos con nulas o bajas emisiones para 2030. Así lo ha establecido el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), el cual define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética… y que se envió a la Comisión Europea el pasado 31 de marzo.
¿Qué pasa con las ayudas para comprar coches eléctricos?
Por su parte, las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos a través de programas como el actual Moves, se mantendrán como poco hasta 2025, momento en el que se prevé que el precio de este tipo de coches se equipare en cierta medida al de los automóviles con mecánicas de combustión… lo que provocará que no sean tan necesarias los incentivos para la compra de vehículos eléctricos.
Además, se mantiene la obligatoriedad de que los municipios con más de 50.000 habitantes cuenten con una zona de bajas emisiones antes de 2023. En términos prácticos, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística para 2019, eso implica que hasta 148 municipios tendrían que implementar una zona con restricciones de entrada a los vehículos más contaminantes. Esta medida, que ya se ha instaurado en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pasaría a afectar a un total de 23,6 millones de habitantes, más de la mitad de la población del país.
En lo que respecta a las estaciones de servicio y gasolineras, las que superen los 10 millones de litros comercializados tendrán que disponer de una infraestructura de recarga eléctrica de por lo menos 50 kW; el plazo para su instalación después de la entrada en vigor de la ley será de 21 meses. Si el volumen está por debajo de esos 10 millones de litros y hasta 5 millones, el plazo para la puesta en marcha del punto de recarga aumenta hasta los 27 meses. En cualquier caso, cualquier nueva gasolinera construida a partir de 2021 tendrá que disponer de un punto de carga para vehículos electrificados de al menos 50 kW.
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