Como ya te hemos contado, el domingo 1 de mayo finaliza la prórroga de dos meses emitida por el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid para informar a los conductores sobre los accesos de vehículos no autorizados a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) de la capital y Plaza Elíptica. Sin embargo, la legalidad del sistema de vigilancia que se empleará para controlar estas infracciones aún continúa bajo sospecha.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Madrid acaba de estimar un recurso promovido por el departamento jurídico de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios. El fallo del magistrado obliga al consistorio madrileño a retirar una multa emitida el pasado mes de marzo por un semáforo foto-rojo por no ajustarse a las normas técnicas.
Según dicta el reglamento, las cámaras que utilizan estos sistemas están obligadas a aportar cuatro fotografías que avalen que el vehículo se ha saltado el semáforo en rojo. En el caso concreto que nos ocupa, las imágenes enviadas eran tan oscuras que no permitían siquiera apreciar la matrícula del coche. La sanción ha sido anulada por la “la evidente falta de comprobación del estado de uso y homologación del dispositivo”.
“Esta es la primera resolución judicial que anula una multa ‘foto-rojo’ porque el Ayuntamiento de Madrid no está comprobando las funcionalidades técnicas de estos dispositivos conforme a una nueva norma técnica que entró en vigor hace dos años y que obliga a acompañar a las denuncias 4 fotografías”, ha señalado Mario Arnaldo, actual presidente de la asociación.
Según los datos que maneja Automovilistas Europeos Asociados, desde la entrada en vigor del control en los semáforos, el Ayuntamiento de Madrid ha emitido un total de 74.096 denuncias. Esto se traduce en 296.284 puntos detraídos del carnet de conducir y cerca de 15 millones de euros recaudados. Recordemos que esta infracción está castigada con una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos. Dos de los puntos que más sanciones han recogido desde octubre de 2020 se encuentran en la Calle Cea Bermúdez con Vallermoso y Vía Lusitana con Plaza Elíptica.
Ante esta situación, Mario Arnaldo está sorprendido «no sólo porque el gobierno de Martínez-Almeida no haya corregido aún esta ilegalidad, sino que pretenda utilizar un sistema sin garantías para sancionar, a partir del próximo lunes, el acceso de vehículos al interior de la M-30 que no dispongan de etiqueta medioambiental».