El sector de los dispositivos V16 conectados en España ha dado un paso al frente. Varias de las principales empresas del mercado han hecho público un manifiesto conjunto en el que muestran su preocupación por la incertidumbre generada en torno a la obligatoriedad de la baliza V16 y reclaman una mayor claridad por parte de las instituciones.
El documento, firmado por compañías como Netun Solutions, Hella, Osram o Erum Vial, pone el foco en la desinformación existente entre los conductores y en las consecuencias que esta situación puede tener tanto en la seguridad vial como en el propio desarrollo del sector.
Un sector en alerta por la falta de información
Los fabricantes advierten de que existe un problema creciente de desconocimiento generalizado entre los conductores. A pesar de que la normativa establece la obligatoriedad de portar una baliza V16 conectada, aseguran que una parte importante del parque móvil español no cumple con este requisito, en muchos casos sin ser consciente de ello.
Según exponen, la ausencia de campañas informativas claras y continuadas ha provocado que muchos usuarios no sepan qué dispositivo es válido, ni cómo deben actuar correctamente ante una avería o accidente en carretera.
Esta situación, señalan, no solo afecta al cumplimiento de la normativa, sino que puede derivar en riesgos reales en carretera, especialmente en escenarios de emergencia.
La seguridad vial en el centro del debate
Uno de los puntos más sensibles del manifiesto es la relación entre esta falta de información y la seguridad vial. Los fabricantes alertan de que el uso incorrecto de estos dispositivos o la ausencia de los mismos puede aumentar el riesgo en situaciones de emergencia.
Además, vinculan este contexto con datos recientes sobre atropellos en carretera, señalando que una mala utilización de las herramientas disponibles puede comprometer su eficacia como sistema de protección.
La coexistencia de conductores que utilizan correctamente la baliza conectada con otros que no disponen de ella o desconocen su funcionamiento genera, según el sector, un entorno de mayor incertidumbre y peligro.
La petición de despolitizar la V16
Otro de los mensajes clave del documento es la necesidad de despolitizar la baliza V16 conectada. Los fabricantes recuerdan que su implantación responde a un proceso normativo iniciado hace años y desarrollado a través de distintos marcos legales.
En concreto, hacen referencia a los Reales Decretos 159/2021 y 1030/2022, que consolidan el uso de estos dispositivos dentro de la normativa española.
Desde el sector consideran que convertir una medida de seguridad vial en objeto de debate político genera más confusión entre los ciudadanos y desvía la atención de su objetivo principal, que es reducir riesgos en carretera.

La falta de claridad no se limita al uso del dispositivo, sino también a las posibles sanciones por no llevar una V16 conectada. En las últimas semanas, diferentes interpretaciones públicas han generado dudas entre los conductores sobre qué es obligatorio y qué no.
Esta situación, según denuncian los fabricantes, está debilitando la percepción de obligatoriedad del sistema y puede llevar a decisiones equivocadas tanto desde el punto de vista legal como de seguridad.
Por ello, reclaman una comunicación institucional clara, homogénea y alineada con la normativa, que permita a los conductores conocer con precisión sus obligaciones.
Un impacto que va más allá de la normativa
El manifiesto también pone el foco en el impacto económico e industrial de esta situación. Las empresas firmantes recuerdan que el sector ha realizado importantes inversiones en innovación, producción y desarrollo tecnológico en torno a la baliza V16 conectada.
La falta de claridad normativa y comunicativa, advierten, puede afectar a la confianza en el marco regulatorio y a la estabilidad de una industria que genera empleo y actividad económica en España.
Tres medidas urgentes sobre la mesa
Ante este escenario, el sector plantea tres líneas de actuación prioritarias. En primer lugar, el desarrollo de campañas informativas claras y sostenidas en el tiempo para explicar el uso y la obligatoriedad de la baliza.
También reclaman un compromiso institucional firme con la seguridad vial, alejado del debate político. Y, por último, exigen una mayor claridad normativa y comunicativa para evitar interpretaciones contradictorias.
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