Declaración de emergencia climática: cómo te afectará

¿Qué está pasando?

Con la declaración, en el Consejo de Ministros, de la emergencia climática, el Gobierno busca poner en marcha de forma inmediata una reducción de emisiones contaminantes para 2030 que, en 2050, desemboque en la neutralidad climática. El Ejecutivo se ha comprometido a seguir 30 líneas de actuación, de las que quiere ejecutar cinco en los primeros 100 días de gobierno: Remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, definir una agenda de descarbonización a largo plazo en nuestro país, presentar un segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y, asimismo, establecer una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático -con representación equilibrada entre sexos y que incluirá la participación de los jóvenes-. Por último, también quiere impulsar la transformación hacia la sostenibilidad energética de la economía productiva de nuestro país. Puedes leer la declaración aquí, pero, ¿qué supondrá, en términos concretos, para los automovilistas?

El impuesto del diésel llegará, y lo hará pronto

En el punto 10 de la declaración de emergencia climática, el Gobierno se compromete a «no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil, así como analizar y, en su caso, revisar los actualmente vigentes». Es el paso necesario para la imposición y entrada en vigor, finalmente, del nuevo impuesto al diésel, que el Gobierno quiso imponer ya en 2019, y que finalmente no pudo hacer al no lograr la aprobación parlamentaria de los Presupuestos Generales.

Preguntada al respecto en La Sexta, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que «el Gobierno está comprometido con el cambio climático» y que «tenemos que aportar nuestro granito de arena a un combate que le compete al conjunto de gobiernos y a todos los ciudadanos». Además, fuentes del sector en contacto con el Ejecutivo consultadas por Autofácil señalan que, con este Ejecutivo, «la fiscalidad del automóvil va muy rápido».

Hay que recordar que el citado impuesto al diésel se trata, en realidad, de un tributo específico que busca la progresiva equiparación en España de los impuestos al gasóleo frente a los de la gasolina -España es uno de los países europeos que menos grava el diésel-. La misma ministra Montero ya indicó en 2019 que la implementación de esta medida supondría un incremento directo de 3,8 céntimos de euro por litro y que, para un usuario tipo, que recorra 15.000 km al año, el coste anual en combustible se incrementaría en 36 euros.

Con esta medida, el Ejecutivo pretendería recaudar 3,3 millones de euros más al mes ya que, si bien la subida afectaría a todos los usuarios particulares -más de 14 millones de automovilistas-, los profesionales dedicados al transporte o a la agricultura, así como los taxistas, estarían exentos de la misma.

El cambio en la fiscalidad del automóvil

Para potenciar la compra de vehículos sin emisiones, el Gobierno trabaja en una nueva fiscalidad… en la que quiere endurecer los límites de emisiones en el Impuesto de Matriculación. Actualmente, este se abona en función del CO2 que emite cada vehículo: aquellos con menos de 120 gramos/km de emisiones, no lo abonan; pero si emiten entre 121 y 159 g/km, han de pagar un 4,75% sobre el precio del vehículo. Entre 160 y 199 g/km, abonan el 9,75%; y si sobrepasan los 200 g/km, un 14,75%.

Según publica El Mundo, el Ejecutivo plantea establecer nuevos baremos en este impuesto, por los cuales sólo quedarían exentos de su pago los vehículos con 0 emisiones de CO2, esto es, los eléctricos. Mientras, aquellos automóviles que emitieran entre 0 y 49 g/km -los híbridos enchufables- pasarían a abonar un 2,75% y los que emitan entre 50 y 80 g/km -los híbridos pequeños, tipo Toyota Yaris- pagarían un 4,75%. Para los vehículos que emitan entre 81 y 120 g/km -en este umbral se encuentra ahora aprox. el 70% de las matriculaciones- la tasa sería del 7%, y del 9% para aquellos automóviles que emitan de 121 a 140 g/km. Los automóviles con entre 141 y 160 g/km de CO2 pagarían un 11% de impuesto, y los tramos seguirían en ascenso hasta el 15% que abonarían los coches con más de 200 g/km de emisiones.

La consecuencia de lo anterior será un incremento más que notorio en el precio de los automóviles, ya que tres de cada cuatro coches matriculados se encuadraría en estos nuevos tramos. Por ej., un Seat Ibiza 1.0 TSI de 95 CV, que emite 106 g/km de CO2 -y que hoy día no paga Impuesto de Matriculación-, subiría de precio un 7%, desde los 15.600 euros iniciales a unos 16.692 euros.

El Gobierno también pretende mantener el actual Impuesto de Circulación, alejándose de las propuestas del sector, por ej., de la patronal de fabricantes ANFAC, que aboga por unificar ambas tasas.

148 zonas de bajas emisiones para municipios de más de 50.000 habitantes

El punto 17 de la citada declaración señala, textualmente, que «se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible […], así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente». Esta medida ya se contemplaba en el Plan Nacional de Calidad del Aire, que fijaba la fecha de 2023 como límite para que entrara en vigor… y que se mantiene en el actual Anteproyecto de Ley que ha presentado el Gobierno.

En términos prácticos, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística para 2019, eso implica que hasta 148 municipios con más de 50.000 habitantes, entre los que se encuentran, por ej., Utrera -Sevilla-, Colmenar Viejo -Madrid-, Torrelavega -Cantabria-, Siero -Asturias- o, incluso, Granadilla de Abona -Tenerife-, tendrían que implementar una zona con restricciones de entrada a los vehículos más contaminantes.

Esta medida, que ya se ha instaurado en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pasaría a afectar a un total de 23,6 millones de habitantes, más de la mitad de la población del país. Puedes ver la lista completa de municipios afectados aquí.

Puntos de recarga rápida en las gasolineras más concurridas

En las cinco medidas que el Ejecutivo ha prometido adoptar en los 100 primeros días de gobierno ha incluido el remitir al Parlamento una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Según se ha filtrado a la prensa, en ella se mantiene una idea que el Gobierno presentó durante 2019: el que las estaciones de servicio «con mayor capacidad económica» tengan que instalar puntos de recarga rápida -con una potencia igual o superior a 50 kW-. En concreto, esta medida deberán aplicarla, y en menos de 21 meses desde la entrada en vigor de la citada Ley, las estaciones de servicio que hayan vendido, en 2019, 10 o más millones de litros de gasolina y gasóleo.

Esta medida también deberán aplicarla, pero en un plazo de 27 meses, las estaciones de servicio con ventas iguales o superiores a 5 millones de litros de gasolina o gasóleo.

De igual forma, deberán instalar estos puntos de recarga aquellas estaciones de servicio de nueva construcción o las que acometan una reforma significativa a partir de 2021.

La declaración de emergencia climática, común en Europa y en las grandes ciudades

La declaración de emergencia climática es una postura que han tomado, en los últimos tiempos, numerosos organismos y entidades. A lo largo de 2019 ya la declararon los gobiernos del Reino Unido, Irlanda, Portugal, Francia, Canadá y Argentina. Y, el pasado noviembre, la realizó el mismísimo Parlamento Europeo, con el objetivo principal de limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5º.

Además, en España, Sevilla ya había declarado la emergencia climática en julio de 2019; Madrid, en septiembre y, en enero de 2020, lo hizo el Ayuntamiento de Barcelona, que acompañará esta declaración con una inversión de 562 millones de euros que se concretarán en 103 medidas a corto y medio plazo. Entre ellas, la implantación de 15 nuevos kilómetros de calles peatonales, la creación de zonas de superbajas emisiones -más estricta que la reciente ZBE- o, incluso, la implantación de un peaje de toxicidad para los vehículos más contaminantes.