Las multas de las ZBE de Madrid vuelven a situarse en el centro de la actualidad judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha iniciado el procedimiento para obligar al Ayuntamiento a cumplir la sentencia que anuló parte de la normativa que regulaba las Zonas de Bajas Emisiones. La decisión no supone que todas las sanciones desaparezcan de un día para otro, pero sí abre una nueva fase que puede tener consecuencias para cientos de miles de conductores y para la estrategia seguida hasta ahora por el Consistorio.
El TSJM ya no debate si las ZBE eran legales, ahora quiere que se cumpla la sentencia

La noticia no es que un tribunal haya vuelto a declarar ilegales las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid. Eso ocurrió hace tiempo. Lo realmente importante es que la Justicia quiere comprobar que aquella sentencia se cumple.
Explicado de forma sencilla, es como cuando un juez obliga a una persona a devolver un dinero y esta no lo hace. El siguiente paso consiste en abrir un procedimiento para obligarla a cumplir la resolución. Eso es exactamente lo que acaba de hacer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el Ayuntamiento.
Según ha informado Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en un comunicado, el tribunal ha abierto una pieza separada para ejecutar de forma forzosa la sentencia que anuló la regulación de las ZBE y ha dado al Consistorio 20 días para presentar alegaciones.
AEA sostiene que el Ayuntamiento continúa reclamando el pago de sanciones e incluso mantiene procedimientos de embargo sobre algunas multas relacionadas con estas zonas de circulación restringida. La asociación considera que esas actuaciones no deberían continuar después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso presentado por el Ayuntamiento y la sentencia quedara firme. Lo que está ocurriendo ahora no cambia automáticamente la situación de todas las multas, pero sí representa un paso clave para decidir cómo debe aplicarse una resolución judicial que ya no admite recurso.
La gran pregunta es qué ocurrirá con las multas impuestas durante estos años
Esta es la duda que probablemente se hacen miles de conductores: ¿significa esto que todas las multas quedan anuladas?
La respuesta es sencilla: todavía no.
Lo que está sobre la mesa no es una anulación automática de todas las sanciones. Lo que debe decidir la Justicia es qué consecuencias tiene que la normativa utilizada para imponer esas multas haya sido declarada nula.
Para entenderlo mejor, imaginemos que una ciudad instala una señal de tráfico sin cumplir los requisitos legales. Si un juez concluye después que esa señal nunca debió colocarse, es lógico preguntarse qué pasa con las multas impuestas gracias a ella. Ese es, en esencia, el debate que existe ahora con las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid.
Según el comunicado remitido por AEA, varios juzgados de lo Contencioso-Administrativo ya están dando la razón a conductores que recurrieron sus sanciones y consideran que la nulidad no afecta únicamente a Distrito Centro y Plaza Elíptica, sino al conjunto de las zonas reguladas por esa normativa.
La asociación calcula que el conflicto podría alcanzar más de 3,4 millones de denuncias, con un importe superior a 663 millones de euros. No obstante, esas cifras proceden del propio comunicado de AEA y no implican que todo ese dinero vaya a ser devuelto de forma automática.
El siguiente paso será decidir cómo debe actuar el Ayuntamiento

La apertura de este procedimiento supone un nuevo episodio en un conflicto que comenzó en septiembre de 2024, cuando el TSJM declaró nulos varios artículos esenciales de la Ordenanza de Movilidad que regulaban las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid.
Posteriormente, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento, por lo que esa sentencia pasó a ser firme. Sin embargo, una cosa es que exista una sentencia y otra distinta cómo debe aplicarse en la práctica. Precisamente ahí es donde entra ahora el tribunal.
Durante las próximas semanas, el Ayuntamiento deberá explicar cómo piensa cumplir esa resolución judicial. Después será el TSJM quien determine si las medidas adoptadas son suficientes o si resulta necesario ordenar nuevas actuaciones para garantizar la ejecución de la sentencia.
Mientras tanto, los procedimientos judiciales abiertos por numerosos conductores seguirán marcando el camino. Cada nueva resolución ayuda a aclarar qué alcance tiene realmente la nulidad de la normativa y qué ocurrirá con las sanciones todavía pendientes.
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