La expansión de los radares en España no solo se refleja en el aumento de dispositivos instalados en carreteras y ciudades. También está cambiando quién los controla. Mientras tradicionalmente la vigilancia mediante radar se asociaba a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a los organismos autonómicos responsables de la gestión viaria, los ayuntamientos han ido ganando protagonismo hasta alcanzar una situación inédita: actualmente gestionan prácticamente el mismo número de radares que los organismos de tráfico.
Los últimos datos recopilados por Coyote en su V Observatorio de Radares muestran que las administraciones locales y autonómicas cuentan con 1.812 radares, una cifra ligeramente superior a los 1.809 dispositivos que dependen de la DGT, el Servei Català de Trànsit y Trafikoa. En la práctica, esto significa que la mitad de los radares existentes en España están ya bajo control municipal o autonómico.
El crecimiento más rápido se ha producido en las ciudades
La evolución durante los últimos años explica este cambio. Desde 2021, los ayuntamientos y comunidades autónomas han incorporado 707 nuevos radares, lo que supone un incremento del 64% respecto a hace cinco años. Se trata de un crecimiento muy superior al experimentado por los organismos de tráfico estatales y autonómicos durante el mismo periodo. Detrás de esta tendencia se encuentra la transformación de la movilidad urbana. Las ciudades han endurecido las medidas destinadas a reducir la velocidad en zonas con elevada presencia de peatones, reforzar la seguridad vial y controlar el tráfico en áreas especialmente sensibles.
No es casualidad que el 85% de los radares gestionados por administraciones locales se encuentre dentro de entornos urbanos. Frente a ello, la DGT y los organismos autonómicos siguen concentrando buena parte de sus controles en carreteras convencionales y autopistas, donde históricamente se han producido algunos de los accidentes más graves. La proliferación de zonas limitadas a 30 km/h, la creación de áreas de prioridad peatonal y la implantación de nuevas políticas de movilidad han favorecido que cada vez más municipios recurran a sistemas automáticos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de los límites establecidos.
Cataluña lidera la red de radares municipales
El reparto territorial también evidencia diferencias significativas entre comunidades autónomas. Cataluña encabeza con claridad el número de radares gestionados por administraciones locales, con 556 dispositivos, muy por delante del resto del país. Tras ella aparecen Castilla y León, con 193 radares, la Comunidad de Madrid con 186, Andalucía con 147 y el País Vasco con otros 147.
Esta distribución responde en gran medida al tamaño de las áreas urbanas y a las competencias asumidas por los distintos organismos responsables de la gestión del tráfico en cada territorio. En el caso catalán, además, los ayuntamientos llevan años apostando por una política activa de control de velocidad en zonas urbanas, una estrategia que ha contribuido a situar a la comunidad como la región con más radares de toda España.
Los radares fijos siguen siendo los más utilizados
Aunque los radares de tramo han experimentado uno de los mayores crecimientos en los últimos años a nivel nacional, las administraciones locales continúan apostando principalmente por los sistemas tradicionales. Los radares fijos son los que más han aumentado dentro de la red municipal y autonómica, con un crecimiento del 70% desde 2021. También destacan los radares de semáforo, cuyo número se ha incrementado un 53% durante el mismo periodo.
Estos dispositivos permiten controlar de forma permanente puntos concretos de la red viaria urbana, especialmente cruces, avenidas de gran capacidad o zonas donde se han detectado problemas recurrentes relacionados con la velocidad. La tendencia apunta a que el peso de los ayuntamientos seguirá aumentando en los próximos años. Si hace una década el radar era una herramienta asociada casi exclusivamente a las carreteras gestionadas por la DGT, hoy forma parte de la estrategia de movilidad de muchas ciudades. Y los datos muestran que esa transformación ya se refleja en el mapa de vigilancia del tráfico en España.
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