El Gobierno ha decidido poner fin al IVA reducido del 10% que se aplicaba a la gasolina y el diésel desde finales de marzo como parte del paquete de medidas para contener el impacto económico de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio. A partir de este 1 de julio, los carburantes volverán a tributar al tipo general del 21%, aunque los conductores seguirán contando con una ayuda temporal que evitará un incremento brusco del precio al repostar.
La decisión, aprobada este lunes 19 de junio por el Consejo de Ministros, supone un cambio importante en la forma de apoyar a los consumidores. En lugar de mantener la rebaja del IVA, el Ejecutivo opta por un descuento directo sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos, una fórmula que responde a las exigencias de la Comisión Europea, que había advertido de que la reducción del IVA no se ajustaba a la normativa comunitaria.
El descuento continuará durante el verano, pero irá reduciéndose mes a mes
Aunque el IVA vuelva al 21%, los conductores no perderán de golpe toda la ayuda. El gobierno ha diseñado una retirada progresiva de las bonificaciones, de manera que el descuento en el surtidor será de:
- 15 céntimos por litro durante julio
- 10 céntimos por litro en agosto
- 5 céntimos por litro en septiembre
- Desde octubre desaparecerá completamente, siempre que los precios de los carburantes continúen estabilizándose.
El objetivo es evitar un fuerte impacto en el bolsillo de los conductores mientras los mercados energéticos recuperan la normalidad tras las tensiones provocadas por el conflicto entre Irán e Israel y las incertidumbres sobre el suministro de petróleo.
No obstante, se ha introducido una cláusula automática de protección. Si la inflación de los carburantes supera el 15%, volverá a activarse de forma automática una bonificación de 20 céntimos por litro, similar a la vigente hasta ahora.
La CNMC vigilará que las gasolineras apliquen el descuento
Una de las novedades más importantes del nuevo decreto es el refuerzo de los mecanismos de control sobre las estaciones de servicio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes de todas las gasolineras para detectar posibles «comportamientos anómalos», es decir, casos en los que las estaciones no trasladen íntegramente la bonificación al precio final que paga el consumidor.
Además, publicará un listado de las gasolineras que presenten estas irregularidades, permitiendo a los conductores identificar qué establecimientos no están repercutiendo correctamente la ayuda. Los usuarios también podrán presentar reclamaciones si consideran que una estación de servicio no está aplicando el descuento. Esta medida llega después de que la CNMC analizara más de 10.000 estaciones de servicio y detectara comportamientos considerados anómalos en varias decenas de ellas.
Se mantienen las ayudas al transporte y al sector agrario
El nuevo paquete de medidas, dotado con 1.825 millones de euros para los próximos tres meses, mantiene sin cambios las ayudas destinadas a los sectores profesionales más afectados por el coste del combustible. Así, los transportistas, agricultores y pescadores seguirán disfrutando de una bonificación de 20 céntimos por litro en el gasóleo profesional.
Además, se han aprobado 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes, que se suman a los 500 millones ya previstos anteriormente para apoyar al sector agrícola ante el incremento de costes.
El Gobierno ha anunciado otra medida de carácter estructural: la eliminación progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). El conocido como impuesto del 7% bajará al 5% durante lo que queda de 2026, se reducirá al 3,5% en 2027 y desaparecerá de forma definitiva en 2028, una medida con la que se estima que la factura eléctrica de hogares y empresas podrá reducirse hasta un 6%.
Con este cambio, el Gobierno pone fin a una de las medidas fiscales más llamativas aprobadas durante la crisis energética y apuesta por ayudas directas y temporales, un modelo alineado con las recomendaciones de Bruselas y que, salvo un nuevo repunte del precio del petróleo, desaparecerá por completo el próximo mes de octubre.
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